The Friend of a Friend (FOAF) RDF vocabulary, described using W3C RDF Schema and the Web Ontology Language.
A project (a collective endeavour of some kind).
An agent (eg. person, group, software or physical artifact).
Sala del tribunal donde el abogado lleva sus casos
Medidas tomadas en la sentencia.
Sala del tribunal donde el demandante presenta su caso
asunto afrecido por la defensa.
Procurador que va en nombre de una sociedad.
A phone, specified using fully qualified tel: URI scheme (refs: http://www.w3.org/Addressing/schemes.html#tel).
Ciudad donde se realiza la resolucion,
petición por la que se ha pedido la sentencia.
Fecha en la que se ha dado la resolución de la sentencia.
Incidencias ocurridas para ser vistas en la sentencia
Tribunal donde ejerce el tribunal
Ciudad donde se realiza la sentencia.
Procurador que representa a una sociedad.
Sociedad, empresa que puede demandar a otra.
Tribunal donde se ha dado la resolución del caso.
Sala del tribunal donde el testigo es llamado
consideraciones que se quieran tener en cuenta.
Sala del tribunal donde le estan llevando su caso al procesado
A short informal nickname characterising an agent (includes login identifiers, IRC and other chat nicknames).
número de sentencia a la que pertenece esta resolucion.
Sala del tribunal donde el fiscal lleva sus casos
Asunto dado por las partes implicadas en la sentencia.
Fecha en que comenzo la sentencia.
Fallo sobre la sentencia.
A person known by this person (indicating some level of reciprocated interaction between the parties).
Alegaciones de la resolucion.
Proceso al que hace referencia la sentencia.
Informacion del objeto de la sentencia.
resolucion del caso, culpable o inocente.
Asociacion o sociedad procesada en un juicio.
Sala del tribunal donde el juez lleva sus casos
Tribunal donde se esta procesando la sentencia.
Relaciona una persona con las resoluciones en las que aparece
Relaciona a la persona con la sentencia en la que participó.
Pena, si existe, imputada en la sentencia.
ciudad donde se realiza el juicio del demandante.
ciudad donde se le esta procesando.
Ciudad donde ejerce el fiscal
Ciudad donde ejerce el abogado
Ciudad donde se encuentra el Tribunal
The gender of this Agent (typically but not necessarily 'male' or 'female').
ciudad donde vive el testigo.
1. - Desestimando la demanda formulada por el Procurador Sr. Rivera Pinna en representación de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) debo absolver al demandado don R. A. U. F. de las pretensiones que se formulaban contra él. 2.- Se condena a la parte actora al pago de las costas.
a) que en el periodo comprendido entre noviembre de 2002 a agosto de 2005, ambos meses inclusive, el demandado ha venido haciendo uso de las obras administradas por la actora en su local, denominado "Disco Bar Metropol" sin haber obtenido para ello la preceptiva autorización; y en consecuencia, se condene a la parte demandada: a) a estar y pasar por la anterior declaración; b) a cesar en la utilización del repertorio de obras administrado por la actora, con suspensión inmediata de la misma, en tanto no obtenga de ésta la correspondiente autorización para poder efectuar al uso del citado repertorio, decretando la remoción de los aparatos utilizados en tanto que sean separables del local, y el precinto de los que no lo sean; .c) a satisfacer a la actora en concepto de indemnización, conforme a lo establecido e el artículo 140 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, para la comunicación pública de obras llevada a cabo sin autorización en el establecimiento denominado "Disco Bar Metropol" y por el periodo comprendido entre noviembre de 2002 a agosto de 2005, ambos inclusive, la suma de 4.816,74 euros, a que se contrae la reclamación; d) al pago de los intereses legales desde la interposición de la demanda y las costas del procedimiento.
PRIMERO.- Se declara probado por el reconocimiento de ambas partes que don R.a.U.F. ha sido titular de la explotación del establecimiento "Disco Bar Metropol" al menos en el periodo reclamado comprendido entre noviembre de 2002 a agosto de 2005, ambos meses inclusive, utilizando amenización musical. Igualmente ambas partes reconocen que el demandado no ha solicitado ninguna autorización a la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, ni le ha abonado ninguna cantidad. La discrepancia entre las partes respecto a los hechos y lo que constituye objeto de controversia es que la actora sostiene que en el establecimiento Disco Bar Metropol se han utilizado obras de su repertorio, hecho que es negado por el demandado. SEGUNDO.- La SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES ejerce la acción contemplada en el artículo 138 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia: "el titular de los derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140". En cuanto a la indemnización reclamada, se opta por la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación. La SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES es una entidad constituida conforme al artículo 147 de la Ley de Propiedad Intelectual para dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos de explotación u otros dé carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual, habiendo obtenido la oportuna autorización del Ministerio de Cultura publicada en el Boletín Oficial del Estado. Como entidad de gestión está legitimada para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales. Para acreditar dicha legitimación, la entidad de gestión únicamente deberá aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos. y certificación acreditativa de su autorización administrativa. Habiéndose cumplido los requisitos por la entidad actora, posee legitimación activa para ejercerla acción interpuesta en el presente procedimiento (artículo 150 del texto legal citado). TERCERO.- La reclamación se plantea por la utilización de las obras administradas por la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES en el Disco Bar Metropol de Badajoz, sin haber obtenido para ello la preceptiva autorización, durante el periodo comprendido entre noviembre de 2002 a agosto de 2005, ambos meses inclusive. La parte demandada plantea como base de su oposición el negar que haya reproducido obras musicales de autores que estén bajo la gestión de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES. CUARTO.- Conforme al artículo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil "corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención", y conformé al apartado sexto de dicho precepto legal "el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio". La entidad actora está obligada a probar que en el establecimiento del demandado se ha reproducido música cuya gestión de los derechos de autor le corresponde. QUINTO.- Conforme al artículo 281.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, "no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general". Puede considerarse como un hecho notorio y generalmente admitido, como así lo ha sido en este procedimiento, que la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, directamente y a través de acuerdos con entidades similares de otros países, tiene encargada la gestión de los derechos de autor de la inmensa mayoría de la música objeto de difusión pública. Ello ha dado lugar a que, puesto que la mayoría de la música difundida está bajo la gestión de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, si existe difusión de música, se presuma que se reproducen obras gestionadas por ella (Sentencias de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 8 de septiembre de 1997 y de la Audiencia Provincial de Cuenca de 22 de julio de 1997) "debiendo ser el titular del establecimiento quien acredite que sólo utiliza el aparato reproductor para difundir obras no protegidas". Puede considerarse como criterio interpretativo que, si se reproduce música de manera general y reiterada de muy diversos autores, en principio ello sea prueba suficiente de que al menos parte de esa música es gestionada por la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES. Pero dicho principio admite ser rebatido por la actividad probatoria de la parte demandada. SEXTO.- No basta con que el demandado alegue que no reproduce música gestionada por la entidad actora, ha de probarlo. Pero no puede exigírsele la "probatio diabólica" de que todas y cada una de las obras que ha emitido no corresponden a las gestionadas por la actora. Un adecuado reparto de la carga probatoria implica en este caso, que al demandado le corresponde tan sólo destruir la presunción favorable a la actora. Para ello el demandado ha de probar que tiene capacidad personal y técnica para acceder a música no gestionada por la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES, que tiene la capacidad personal y técnica de utilizarla y reproducirla en su establecimiento, así como de probar que efectivamente así lo ha realizado. La parte demandada ha realizado una amplia actividad probatoria. De los títulos presentados y la declaración testifical del Sr. M. L. queda probado que el demandado posee capacidad técnica para crear música y acceder a ella a través de medios informáticos. Numerosos testigos (Sr. L., Sr. S., Sr. B. y Sr. A.) declararon que acuden asiduamente al establecimiento y que en el mismo no se reproduce música bajo la gestión de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, sino que la mayoría era obtenida a través de Internet como música bajo licencia "CREATIVE COMMONS". "La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación" (artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual). El autor posee unos derechos morales y económicos sobre su creación. Y como tal titular, puede hacer la gestión que estime oportuna, pudiendo ceder el libre uso, o cederlo de modo parcial. Las licencias "CREATIVE COMMONS" son distintas clases de autorizaciones que da el titular de su obra para un uso más o menos libre o gratuito de la misma. Existen, tal y como aportaron ambas partes, distintas clases de licencias de este tipo, que permiten a terceros poderla usar libre y gratuitamente con mayor o menor extensión; y en algunas de dichas licencias determinados usos exigen el pago de derechos de autor. El demandado prueba que hace uso de música cuyo uso es cedido por sus autores a través de dichas licencias CREATIVE COMMONS. Lo relevante para este procedimiento no es que el demandado haya hecho uso de música cuya utilización estaba cedida gratuitamente por sus autores a través de licencias CREATIVE COMMONS, sino sí ha hecho uso o no de música bajo la gestión de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, que es la entidad reclamante. La utilización de música bajo licencia CREATIVE COMMONS tan sólo acredita que el demandado ha tenido acceso y reproducido una gran cantidad de obras que no están bajo la gestión de la SGAE. De este modo el demandado prueba que tiene acceso a obras musicales no gestionadas por la SGAE. Al acreditar el acceso a dichas obras y que posee medios técnicos para obtenerla y reproducirla en el establecimiento, se rompe la presunción inicial de que la música reproducida debía corresponder al menos en parte a la gestión de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES. El demandado prueba que crea y accede a numerosas obras musicales no gestionadas por la SGAE, que tiene los medios técnicos para ello y que esa es la música que se reproduce en el local. Al destruirse la presunción de que las obras musicales reproducidas sean del repertorio gestionado por la actora, sobre ésta recae la carga de la prueba y habrá que analizar su actividad probatoria para ver si ha probado que se reproduce en el local música de la que gestiona. SÉPTIMO.- La parte actora realiza varias pruebas, fundamentalmente la grabación del interior de la discoteca, así como el testimonio de detectives privados, y la declaración testifical de la agente de la SGAE Sra. C. y del perito Sr. A. De la grabación y de los testimonios de los detectives privados tan sólo se acredita que se reproduce música en el local, pero no que se reproduzcan concretas obras gestionadas por la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES. En cuanto a la agente de la SGAE y del perito, aunque manifestaron que sí se reproducían obras gestionadas por SGAE, no indicaron ninguna obra o autor en concreto, a pesar de que ambos manifestaron ser clientes del local. En definitiva, la entidad actora tan sólo prueba que se reproduce música en el local, hecho reconocido por la demandada, pero no se prueba la reproducción de obras gestionadas por ella. OCTAVO.- Para que la demanda prosperase, la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES debería haber probado que en el establecimiento se reproduce música de su repertorio. No han resultado acreditados los hechos en que la parte actora funda su pretensión, resultando procedente en virtud del principio de la carga de la prueba recogido en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la desestimación íntegra de la demanda. NOVENO.- En aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha de condenar a la parte actora al pago de las costas.
PRIMERO.- Por el Procurador Sr. Rivera Pinna en nombre y representación de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES se presentó escrito de demanda en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de legal y pertinente aplicación, terminaba suplicando que se dictase sentencia por la que se declare: a) que en el periodo comprendido entre noviembre de 2002 a agosto de 2005, ambos meses inclusive, el demandado ha venido haciendo uso de las obras administradas por la actora en su local, denominado "Disco Bar Metropol" sin haber obtenido para ello la preceptiva autorización; y en consecuencia, se condene a la parte demandada: a) a estar y pasar por la anterior declaración; b) a cesar en la utilización del repertorio de obras administrado por la actora, con suspensión inmediata de la misma, en tanto no obtenga de ésta la correspondiente autorización para poder efectuar al uso del citado repertorio, decretando la remoción de los aparatos utilizados en tanto que sean separables del local, y el precinto de los que no lo sean; .c) a satisfacer a la actora en concepto de indemnización, conforme a lo establecido e el artículo 140 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, para la comunicación pública de obras llevada a cabo sin autorización en el establecimiento denominado "Disco Bar Metropol" y por el periodo comprendido entre noviembre de 2002 a agosto de 2005, ambos inclusive, la suma de 4.816,74 euros, a que se contrae la reclamación; d) al pago de los intereses legales desde la interposición de la demanda y las costas del procedimiento. SEGUNDO.- Por Auto de 6 de octubre de 2005 se admitió a trámite, emplazando al demandado a comparecer y contestar a la demanda. TERCERO.- La Procuradora Sra. Rodolfo Saavedra en nombre y representación de don R.U.F. compareció en las actuaciones, presentando escrito de contestación en el cual tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de legal y pertinente aplicación, consistentes básicamente en que reconocía que había sido titular de la explotación del establecimiento "Disco Bar Metropol" durante el periodo reclamado y que en el mismo se utilizaba amenización musical, pero negaba que se reprodujeran obras del repertorio de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, terminaba suplicando que se dictase sentencia absolviendo al demandado de todos los pedimentos deducidos de contrario, todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandante. CUARTO.- Se citó a las partes a audiencia previa el día 22 de diciembre de 2005, compareciendo ambas. Se suspendió la audiencia previa, al aportarse copia actualizada de los estatutos de la actora, señalándose continuación de la audiencia el día 17 de enero de 2006. Se continuó la audiencia previa en la fecha señalada, acordándose la práctica de prueba, admitiéndose prueba documental (tanto en soporte de papel como en vídeo y DVD), interrogatorio de partes, testifical y pericial. QUINTO.- En la fecha señalada se procedió a la celebración del acto del juicio, donde se practicaron las pruebas propuestas y admitidas. Una vez celebradas las pruebas, las partes realizaron las alegaciones que estimaron oportunas, ratificándose en sus peticiones iniciales, quedando las actuaciones para sentencia.
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE)
Estimo el presente recurso contencioso-administrativo, anulo las resoluciones impugnadas y condeno en costas a la administración demandada. Así por esta mi sentencia, que se notificará a las partes con indicación de que es firme, dado que contra ella no cabe interponer recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el art. 81 de la L.J.C.A., lo pronuncio, mando y firmo.
PRIMERO.- Con fecha 20 de Mayo de 2004, se ha interpuesto recurso contencioso administrativo contra siete resoluciones del Delegado del Gobierno, dictadas en fechas 11 y 18 de Noviembre de 2003, que impusieron una multa de 300,52 euros a cada una de las personas recurrentes. Se impugnan igualmente las resoluciones desestimatorias de los recursos de alzada números 12508/03, 12861/03, 12507/03, 12859/03, 12509/03, 259/04 y 309/04, que dichas personas formularon contra las resoluciones sancionadoras. SEGUNDO.- El presente proceso se ha seguido por el cauce del procedimiento abreviado (art.78 LJCA). Se ha celebrado la vista el 14 de Julio de 2004 y en ella se ha practicado prueba testifical y las partes han alegado y pretendido lo que consta en autos. TERCERO.- La cuantía de este pleito se fija en 2103,64euros.
Quitar la multa que se ha interpuesto recurso contencioso administrativo contra siete resoluciones del Delegado del Gobierno, dictadas en fechas 11 y 18 de Noviembre de 2003, que impusieron una multa de 300,52 euros a cada una de las personas recurrentes.
Pagina web: http://www.otrarealidad.net/semanario-independiente/texto.php?id=1285
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 761/2005PROCEDIMIENTO ORDINARIO 61/2004
null
Nombre abogado
Que desestimando como desestimo la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales don Víctor García Montes en nombre y representación de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) contra la Asociación Cultural Ladinamo representada por la Procuradora doña Isabel Martínez Gordillo, debo absolver y absuelvo a la demandad de todos los pedimentos de la demanda con expresa imposición de las costas a la parte actora. Notifíquese esta resolución a las partes, previniéndolas que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, del que conocerá la Ilma Audiencia Provincial de Madrid, que se preparara por escrito que deberá presentarse en este juzgado, en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación, citando la resolución apelada y manifestando su voluntad de recurrir con expresión de los pronunciamientos que se impugnan. Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio que se llevara a los autos originales, lo pronuncio mando y firmo.
PRIMERO.- La representacion de la parte actora, formulo demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia estimando íntegramente la demanda. SEGUNDO.- Admitida a tramite la demanda, se comunico a las partes al acto de la vista del juicio verbal, que se celebro con su asistencia, ratificando la actora su pretensión y oponiéndose la parte demandada, practicándose a continuación las pruebas que se propusieron y fueron declaradas pertinentes, todo ello con el resultado que obra en el acta y en el correspondiente soporte audiovisual. TERCERO.- Que en la sustentación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.
Pagina web de la sentencia http://derecho-internet.org/node/359
Pagina web: http://derecho-internet.org/node/363
reclamación de cantidad por importe de 829,70 euros de principal en concepto de indemnización de daños y perjuicios
PRIMERO.- La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ejercita contra la Asociación Cultural Ladinamo, una acción de reclamación de cantidad por importe de 829,70 euros de principal en concepto de indemnización de daños y perjuicios por la comunicación pública no autorizada de obras gestionadas por la demandante a través de televisor y aparato mecánico no reproductor de imágenes instalada en el establecimiento, abierto al publico, que explota el demandado, por el periodo comprendido entre los meses de enero a junio de 2005. Frente a las pretensiones de la actora la parte demandada alega en primer término la inconstitucionalidad del articulo 150 del Texto Refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo de 12 de abril de 1996, la no utilización de obras protegidas cuya gestión este encomendada a la SGAE y, en todo caso, rechaza la tarifa que pretende aplicar la demandante equiparando una Asociación Cultural a un bar de copas. En todo caso, conviene precisar desde este momento para la adecuada comprensión de la cuestión litigiosa, que en los términos planteados por el actor en su demanda, ratificada en el acto del juicio, y de los epígrafes de la tarifa que determinan la cantidad reclamada (documentos 4 y 5 de la demandada), la única actividad infractora que se imputa a la demandada es la comunicación publica de obras del repertorio de la SGAE por medio de televisor y aparato no reproductor de imagen. SEGUNDO.- La cuestión de la legitimación de las entidades de gestión conferida por el articulo 150 TRLPI y antes por el articulo 135 de la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987, ha sido analizada en numerosas sentencias del Tribunal Supremo con relación a la legitimación de dichas entidades en supuestos de defensa de los derechos de comunicación que requieren una autorización global (sentencias del Tribunal Supremo de 29 de Octubre de 1999, recursos 262/1998 y 969/1997; 24 de septiembre de 2002, 15 de octubre de 2002 y 10 de mayo de 2003, entre otras). Concretamente en la sentencia de 10 de mayo de 2003 señala con precisión que "Del articulado de la Ley resulta que los autores pueden hacer valer directamente sus derechos ya que la actuación necesaria a través de una entidad de gestión solo es exigida en los supuestos de los artículos 3.2 y 25.7 de la Ley 43(1994, de 30 de diciembre, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la Propiedad intelectual (artículos 25.7 y 90.7 del texto Refundido de 1996), derechos entre los que no se incluyen aquellos a que se refiere esta litis, no obstante esa libertad de gestión, la experiencia demuestra que los titulares de estos derechos no gestionan directamente los derivados de la comunicación publica de fonogramas por medios mecánicos y de transmisión publica mediante aparatos de televisión en establecimientos abiertos al publico, sin duda por la imposibilidad de llevar a cabo un adecuado control de la ejecución de esos actos de comunicación, habida cuenta de los numerosos establecimientos en los que los mismos se llevan a cabo". A continuación dicha sentencia, siguiendo las de 29 de octubre de 1999, señala que "Cuando el articulo 135 de la Ley de Propiedad intelectual, redacción de 1987, establece que "las entidades de gestión una vez autorizadas estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales", debe entenderse partiendo de lo antes dicho, que la expresión "derechos confiados a su gestión" puesta en relación con la de "en los términos que resulten en los estatutos" se refiere a aquellos derechos cuya gestión "in genere" constituye, de acuerdo con los estatutos, el objeto de actuación de la entidad de gestión,no a los concretos derechos individuales que, mediante contratos con los titulares de los mismos o acuerdos con otras organizaciones de idéntica finalidad, les hayan sido encomendadas para su gestión, se atribuye así a la SGAE legitimación para la defensa en juicio de los derechos a que se extiende su actividad; entender, como hace la sentencia recurrida, que es necesaria la acreditación documental, al amparo del articulo 503.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la relación contractual establecida entre la SGAE con cada uno de los titulares del derecho de comunicación publica o de los acuerdos con otras entidades de idéntica función gestora, hace ineficaz, respecto de esta modalidad de derechos de autor, el sistema de protección establecido en la Ley, al no alcanzar la así dispensada los caracteres de real, concreta y efectiva que el texto real propugna, resultando defraudados los intereses generales en la protección de la propiedad intelectual que justifica la concesión de autorización administrativa a las entidades de gestión (articulo 133.1 c( de la Ley de 1982). Finalmente la resolución analizada concluye que el articulo 135 de la Ley de 1987, actualmente 150, atribuye una legitimación que denomina presunta, a las entidades de gestión de los derechos de autor"... para cuando se trata de la defensa de los derechos de comunicación que requiere una autorización global". En definitiva, la legitimación extraordinaria, propia y de carácter legal, del articulo 150 del TRLPI, atribuye legitimación a las entidades de gestión respecto de los derechos de ejercicio necesariamente colectivo o para aquellos que requieren una autorización global. No cabe duda, pues, de la legitimación de la actora, al amparo del articulo 150 del TRLPI, al haber aportado sus estatutos y la preceptiva autorización administrativa, sin que el reconocimiento de esta legitimación cree duda alguna de su constitucionalidad, a este órgano judicial y no se trata de un difícil entendimiento por parte de la judicatura española ante los nuevos fenómenos, sino que simple y llanamente el establecimiento de esta legitimación extraordinaria y de origen legal no vulnera derecho constitucional alguno de la demandada, la cual puede acreditar y así lo establece expresamente el inciso final del párrafo 2º de dicho precepto, reintroducido por la Disposición Final 2ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago de la remuneración correspondiente, por lo que el legislador ni la judicatura son ajenas al fenómeno conocido de que los autores pueden no encomendar el ejercicio y administración de los derechos de explotación a una entidad de gestión, sin perjuicio de los derechos de necesaria gestión colectiva ajenos a esta resolución TERCERO.- Delimitado el debate en los términos hasta ahora indicados debe señalarse, una vez mas, que la mera tenencia de un televisor o de una radio en un establecimiento abierto al publico, en este caso una Asociación Cultural, no implica por si mismo comunicación publica de obras gestionadas por la demandante, sin perjuicio de que en el supuesto enjuiciado no consta la existencia de aparato receptor de televisión Este órgano judicial comparte la tesis mayoritariamente sostenida en las Audiencias Provinciales de que la mera existencia de un aparato de televisión, y con mayor razón de una radio, en un establecimiento abierto al publico, como un servicio mas que se presta a los asociados o a la clientela, genera una presunción iuris tantum de utilización de los mismos de forma habitual y a todo evento, con la consiguiente efectiva posibilidad de ejecución de actos de comunicación publica de obras gestionadas por la SGAE y objeto de propiedad intelectual, en este sentido sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid Sección 20ª de 5 de mayo de 1993, de la Sección 21ª de 25 de junio de 2002 y de la Sección 13ª de 29 de octubre de 2004; de la Audiencia Provincial de Orense Sección 2ª de 29 de diciembre de 2003y de la Audiencia Provincial de Pontevedra Sección 3 de 14 de mayo de 2003. Ahora bien, se trata de una mera presunción de iuris tantum y, en consecuencia, admite prueba en contrario. CUARTO.- Respecto a la cantidad reclamada en concepto de comunicación publica de obras de pequeño derecho comunicadas por medio de receptor de televisión, en ningún caso podría prosperar la demanda, pues no consta que exista receptor de televisión en el local, dado que ni siquiera figura en el acta de visita del inspector de zona de la demandante (documento numero 6 de la demanda) y, además no parece propio de las actividades de la asociación, de carácter claramente alternativo, amenizar las mismas a través de las emisiones televisivas. Otra cosa es que en el local exista una pantalla o retroproyector, lo que se admite plenamente por la parte demandada, en el que puedan visionares o escucharse obras de repertorio o no de la SGAE (ciclos de cine mudo con musica, cortometrajes, sesiones de tremolaba...) pero no se ha alegado en la demanda ni la tarifa es la misma, sin que se haya acreditado que a través del retroproyector se vean emisiones de televisión lo que implicaría la comunicación publica de obras de su repertorio, que es el concepto que se reclama en la demanda, y sin que aquel le sea aplicable la presunción propia de una aparato receptor de televisión cuya función típica es la de captar los programas de los distintos canales emitidos o retransmitidos por las empresas televisivas. QUINTO.- En cuanto al aparato mecánico o electrónico no reproductor de imagen, no es discutida su existencia en el local y la comunicación publica de obras musicales a través del mismo, por lo que es irrelevante que en el CD acompañado al informe del investigador privado adjunto a la demanda como documento nº 12, se escuche o no musica, aunque si parece escucharse en algún momento por encima del intenso murmullo de la sala, pero en ningún caso es identificable la canción o autor, sin que tampoco lo sean, por cierto, las imágenes que se observan en las pantallas del retroproyector. Admitida la existencia del equipo de musica, de la apreciación conjunta de la prueba practicada este órgano judicial llega a la conclusión de que la demandada evita la comunicación de obras cuya gestión este encomendada a al actora, utilizando un repertorio de autores, que no tienen cedidos los derechos de explotación a la SGAE, teniendo a su disposición una base de datos al efecto y a si lo manifiesta tanto el representante legal de la Asociación como la encargada de la programación, doña Manuela Villa Acosta, lo que es compatible con el carácter alternativo de la Asociación y su integración en el denominado movimiento "copy left". Por otra parte, la convicción sobre la veracidad de las manifestaciones de la testigo se deriva de la apreciación directa que atribuye la inmediación en la practica de la prueba, reconociendo la testigo otros hechos que podrían perjudicar a la Asociación, como el espontáneo recital de Bebe y el Bicho o el interés de obtener la autorización de la actora para poder comunicar determinadas obras protegidas. Por ultimo indicar, que a los efectos de este pleito en el que se persigue una indemnización por la comunicación publica de obras protegidas a través del receptor de televisión y aparato mecánico no reproductor de imagen es irrelevante el puntual y espontáneo recital de Bebe y el Bicho, desconociéndose si este ultimo tiene suscrito el oportuno contrato de representación con la SGAE, sin prejuicio de los derechos que pudieran derivarse, en su caso, de esta puntual actuación. SEXTO.- De acuerdo con el articulo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales son de preceptiva imposición a la parte actora. Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,
Pagina web de la resolucion http://derecho-internet.org/node/359
se ha interpuesto recurso contencioso administrativo contra siete resoluciones del Delegado del Gobierno, dictadas en fechas 11 y 18 de Noviembre de 2003, que impusieron una multa de 300,52 euros a cada una de las personas recurrentes.
PRIMERO.- La sanciones se han impuesto, según se recoge de forma idéntica, en cada una de las resoluciones sancionadoras, por los siguientes hechos: “El día 26 de Abril pasado, a partir de las 11,20 horas, vd, junto otras personas, se reunieron en el Parque de Mesones de Santander, concentración que no había sido comunicada en forma legal, y en actitud beligerante se aproximaron al Palacio de Exposiciones, intentando boicotear un acto político del Partido Popular, al que asistía el Presidente del Gobierno, produciéndose enfrentamientos con las dotaciones policiales, que tuvieron que proceder a formar cordón a su alrededor para evitar actos violentos o conflictivos. En dichas actuaciones participó vd activamente” Tales hechos se califican en aplicación del art. 23. n) de la Ley Orgánica 1/92 que tipifica como infracción grave: “Originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños graves a los bienes de uso público, siempre que no constituya infracción penal” SEGUNDO.- La única prueba en que se fundan las resoluciones sancionadoras es la denuncia ratificada de los agentes de policía intervinientes. Procede, por ende, analizar la virtualidad de dicha prueba para desvirtuar el derecho fundamental a la presunción de inocencia de las personas sancionadas. Este juzgador se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el valor probatorio de las denuncias de los agentes de policía, y, en concreto, sobre el alcance del art. 37 LO 1/92. Citamos como ejemplo la sentencia nº 2/01 y la dictada en el PA 213/01, en las que se argumenta teniendo en cuenta la STC 341/93, que se pronuncia sobre dicho precepto. Haremos a continuación una apretada síntesis de las tesis que en tales pronunciamientos y otros similares se sostuvieron por este juzgador, fijándonos en los aspectos que interesan para la resolución de este proceso y añadiendo algunas consideraciones que entendemos relevantes: A.- La denuncia de los agentes de policía es prueba de cargo, lo que significa que en abstracto, tiene potencialidad para desvirtuar la presunción de inocencia, pero requiere de una valoración concreta para ver si tal desvirtuación se produce en cada caso. A este efecto, tal denuncia, debidamente realizada y ratificada, es un medio de prueba reforzado o cualificado, pero no es prueba absoluta; lo que significa, no sólo que puede ser contrarestada por otras pruebas aportadas por los interesados sino, también, que, aún no existiendo esas pruebas en contrario, puede ser privada por el juzgador de eficacia justificadora de la sanción, tras la realización de la valoración probatoria que le incumbe. Dicho de otra manera: el art. 37 LO 1/92 no establece una prueba absoluta, ni siquiera una regla tasada de valoración de prueba, se limita a afirmar que la denuncia puede constituir prueba de cargo, a lo que hay que añadir que esa prueba puede entenderse como una testifical cualificada en razón de la objetividad y preparación técnica que se debe presumir de los funcionarios encargados de la vigilancia. Y, por lo tanto, el juzgador no está en absoluto vinculado al contenido de la denuncia ni a las declaraciones de los funcionarios, pudiendo valorarlas en conjunto con otras pruebas o, en ausencia de éstas, atendiendo a las circunstancias del caso y con arreglo al principio de razonabilidad, considerando la referida cualificación, pero contratándola con los elementos que presente el supuesto concreto, ya que la presunción de objetividad y preparación técnica en que se funda aquella es un criterio abstracto, cuya virtualidad ha de verificarse en cada caso atendiendo al contenido y circunstancias de la denuncia y de la ratificación, si la hubiera. Así lo exige el derecho a la presunción de inocencia y los principios de valoración de la prueba tradicionalmente admitidos en el marco del derecho punitivo, y así lo deducimos de la interpretación de la STC 341/03. B.- El inciso final del art. 37 LO 1/92 (“sin perjuicio de que aquellos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles”) no puede interpretarse en el sentido de que la denuncia nunca puede justificar la sanción sancionadora si no va acompañada de otros elementos probatorios, pues ello sería desvirtuar el claro mensaje normativo del resto del texto. Tal inciso debe verse como un recordatorio a la Administración de que la denuncia no es una prueba absoluta y que, por lo tanto, no puede fiar a la misma todo ejercicio de su potestad sancionadora, debiendo, por el contrario, aportar otros elementos de prueba siempre que ello sea razonablemente posible. Y de esta caracterización se deriva, por un lado, que en abstracto, cabe la posibilidad de tener por probada la infracción únicamente con la denuncia, y, por otro, que la falta de esas otras pruebas de cargo o elementos probatorios debe tenerse en cuenta a efectos de valoración de la prueba que constituye la denuncia, pudiéndose privar, en el caso concreto, a ésta de eficacia probatoria atendidas las circunstancias del caso y especialmente su exacto contenido y la posibilidad de que la administración aportara otras pruebas. C.- La ratificación de los agentes denunciantes en la vía administrativa no tiene la fuerza de una prueba testifical añadida, al no practicarse con sujeción al principio de contradicción. Y en los casos en que el imputado aporte una versión fáctica distinta y contradictoria con la de la denuncia, la ratificación debe contener algún detalle o explicación que se refiera a tal versión, para poder considerarla como refuerzo probatorio de la denuncia. Así lo exige el derecho a la presunción de inocencia, en su faceta de distribución de la carga de la prueba, ya que, considerando la necesidad constitucional de que la administración aporte las pruebas de cargo suficientes y la no exigibilidad de la prueba de su inocencia al imputado, ningún plus probatorio puede darse a una simple ratificación formal, en los casos en que el imputado refuta los hechos expresados en la denuncia con una versión fáctica alternativa razonable. Con lo que precede, tenemos un marco teórico suficiente para abordar el análisis de las circunstancias de este caso y valorar la única prueba de cargo aportada: 1.- En primer lugar, hay que parar mientes en que la denuncia policial no describe los hechos del mismo modo a como lo hacen las resoluciones sancionadoras, existiendo diferencias relevantes. Veamos: La denuncia se refiere a la participación activa de las personas sancionadas en una “concentración y conato de manifestación” y en un intento de boicot del acto del partido popular que se desarrollaba en las inmediaciones; pero no menciona la actitud beligerante de los participantes ni alude a la actividad policial para evitar actos violentos, elementos que sí contienen las resoluciones sancionadoras impugnadas. Cierto que la denuncia alude a una actitud de desobediencia, resistencia y desorden mantenida por dos de las personas recurrentes; pero tal alusión no puede tenerse en cuenta en este proceso, porque se refiere a la relación que tuvieron esas dos personas con los agentes policiales, y porque ha sido sancionada penalmente por la sentencia del JI nº 1 de fecha 7 de Julio de 2003 como falta de desobediencia leve, falta de respeto o consideración a los agentes de la autoridad y (art. 634 CP). Y afirmamos esto, no desde la perspectiva del principio “non bis in idem”, sino en el sentido de que los referidos hechos denunciados y considerados en la sentencia penal sobredicha se integran en una relación subjetiva entre los imputados y los agentes de la autoridad y, por ende, no guardan relación con la infracción tipificada en el art. 23 n) LO 1/92, la cual contempla una alteración grave del orden público en el sentido material, esto es, con quebrantamiento de la convivencia ciudadana pacífica en lo tocante a la seguridad de personas y bienes. Pues bien, esta disparidad entre la denuncia y (única prueba de cargo) y el relato de hechos probados de las resoluciones sancionadoras no es baladí, pues los elementos a que, hemos visto, son altamente significativos a la hora de la calificación jurídica conforme al art. 23 l) LO 1/92. En efecto, el tipo contenido en ese artículo implica, como ya hemos avanzado, la realización de actos violentos o desórdenes graves, que pongan en peligro la seguridad y tranquilidad de la convivencia en lugares públicos, por provocar, directa o indirectamente, la aparición de fuentes de riesgo para la integridad de las personas o sus bienes; debiéndose considerar, especialmente, que cuando tal tipo infractor ha de aplicarse a hechos relacionados con el ejercicio del derecho de manifestación, el principio general del derecho punitivo consistente en la restricción en la interpretación y aplicación de las normas definidoras de los ilícitos, se agudiza por la importancia constitucional de dicho derecho, que, según nos enseña la reiterada doctrina del TC, es expresión colectiva de la libertad de expresión, libertad, que a su vez, es esencial en una sociedad democrática, en cuanto contribuye al pluralismo y a la participación (no queremos decir, con esto, que tal derecho pueda justificar cualquier acción, con independencia de los bienes o derechos a que afecte, pues ningún derecho es absoluto ni puede ejercerse abusivamente; lo que queremos decir es que, en casos como el que nos ocupa, junto con los valores constitucionales contemplados en el art.23 n) LO 1/92 se presenta el derecho de manifestación, y ha de hacerse, por ende, una ponderación con especial rigor y equilibrio). Y considerando lo que precede, resulta que, aún en su excesiva abstracción, sólo las referencias a la evitación de actos violentos y a la actitud beligerante de los participantes en la concentración podrían tener virtualidad para integrar dicho tipo; pues no es suficiente a tal efecto, con la simple participación en una concentración, ni con un simple intento de boicot, pues expresado así, con tal generalidad, sin dar a conocer con que medios se realizó ese intento, es imposible, jurídicamente hablando, calificar los hechos como lo ha hecho la Administración, al no conllevar tal abstracta expresión ni actos violentos ni riesgos contra el orden público en sentido material, ni limitación de los derechos de otros. Es de señalar, en esta línea, que el hecho de que la concentración no hubiese sido comunicada puede integrar otra infracción administrativa pero no la que aquí se considera, amén de que la infracción a que tal falta de comunicación podría dar lugar no podría imponerse a los participantes, sino a los organizadores y promotores –art. 23 c) LO 1/92). En resumen, atendiendo a los hechos que describe, la denuncia no prueba en absoluto la existencia de la infracción sancionada y los añadidos fácticos que se realizan en las resoluciones mencionadas no están respaldados por pruebas de tipo alguno. 2.- En segundo lugar, es de ver que la denuncia no describe hechos que expliquen o expresen la participación individual de cada imputado en la concentración de referencia; y esto es una carencia importante a efectos probatorios, pues, como la experiencia enseña, puede haber concentraciones pacíficas en su origen que se convierten en violentas por la actuación de sólo algunos de los participantes, y entendemos que la conjunción de los derechos a la presunción de inocencia y a la expresión de ideas de forma colectiva exige que la sanción por hechos como los que se imputa en este caso se fundamente en algo más que la simple afirmación de la participación en el fenómeno colectivo considerado, exige la concreción de los hechos individualmente realizados por los imputados que expresen la violencia o el riesgo que la infracción contempla. 3.- Y en tercer y último lugar, debemos tener en cuenta que en casos como este existen medios directos de prueba, como videos y fotografías, que están al alcance de la Administración sin excesiva dificultad, máxime si, como se ha alegado por la parte actora, existía un dispositivo policial perfectamente previsto. Y siendo así y considerando la falta de precisión de la denuncia y la ratificación, esa carencia priva prácticamente de valor probatorio a estas últimas. En definitiva, la única prueba de cargo que ha aportado la Administración no demuestra, con la suficiencia que el derecho punitivo exige, ni la existencia de hechos subsumibles en el tipo de art. 23 n) LO 1/92, ni la participación de los recurrentes en ninguna actuación violenta o de desorden público. Tal falta de prueba, determina, de por sí, la invalidez de los actos impugnados; pero no está de más añadir que en el juicio se ha practicado una prueba testifical de descargo altamente relevante, porque los testigos han coincidido sin titubeos ni dudas en que en la concentración no se produjeron hechos violentos afirmando algunos que determinados recurrentes ni siquiera llegaron al lugar del núcleo de la concentración; y, aunque algunos de los testigos tenían relación familiar con algunas de las personas sancionadas, tal dato no permite dudar de su testimonio, porque, insistimos, coincide con el de otros testigos en la exposición clara y sólida de los hechos. TERCERO.- Habiendo constatado la falta de prueba de los hechos, lo que priva de sustento jurídico a las resoluciones impugnadas, no es preciso analizar los demás motivos alegados en la demanda. CUARTO.- El art.139.1 párrafo segundo, LJCA establece que deben imponerse las costas a la parte “vencida”, si ello es necesario para evitar que el fin legítimo de la acción procesal entablada por el “vencedor” se frustre; es decir, que deben imponerse las costas siempre que su ausencia ocasione la pérdida o la merma de la tutela judicial obtenida por este último en la sentencia. Pues bien, sin perjuicio de los avances que la elaboración doctrinal y jurisprudencial nos vaya trayendo, en lo tocante a la interpretación a la referida regla sobre costas, puede establecerse que la eficacia de la tutela judicial obtenida en la sentencia quedaría sustancialmente mermada en los supuestos en que el coste del mantenimiento del proceso para el “vencedor” haya sido superior que el beneficio derivado de la estimación de sus pretensiones. Es de señalar que este argumento se ve reforzado por la motivación de la enmienda que dio lugar a la introducción en el senado de lo que hoy es el segundo párrafo del apartado primero del art. 139 LJCA (dice así esa motivación: “si en recursos de escasa cuantía no existiese condena en costas, podría producirse la paradoja de obtener una sentencia favorable y sufrir unos costes superiores al derechos restaurado”). Visto lo que precede, resulta evidente que la cuestión que plantea la aplicación de la regla analizada es eminentemente casuística, y que ha de ser la parte que la invoque la que aporte los datos y argumentos que permitan determinar la concurrencia del supuesto legal. Sin embargo, considerando que las costas pueden imponerse de oficio por el juzgador y que no siempre las alegaciones de las partes serán precisas o adecuadas, es menester fijar algunos criterios objetivos que orienten la aplicación del precepto. Piénsese que en la correcta interpretación y aplicación del mismo, radica una parte no desdeñable de la garantía de la efectividad de la tutela judicial. En atención a lo precedente, este juzgador entiende que, en los casos en que el beneficio obtenido por la parte que vea estimada sus pretensiones sea susceptible de una fácil valoración económica es factible fijar un límite cuantitativo por debajo del cual pueda presumirse que el coste del proceso es superior a dicho beneficio. Este criterio, obviamente, puede requerir matizaciones en atención a otros factores relevantes, matizaciones que en la práctica irá descubriendo y que no procede anticipar en este proceso. Tampoco es oportuno fijar ahora un límite cuantitativo con carácter general, habida cuenta de que la naturaleza del acto imputado, las características de las pretensiones de las partes u otras circunstancias pueden exigir variaciones de dicho límite. Para resolver el presente caso, sin embargo, es necesario aplicar el criterio objetivo referido, y en su virtud, estimamos que la realidad social y mercantil implicada en lo que podríamos llamar tráfico judicial, nos indica que el coste de un proceso es de ordinario superior a los 300,52 euros de la multa impugnada, cantidad en la que debe fijarse en beneficio de cada recurrente obtendrá con la presente sentencia. Y, en consecuencia, procede imponer las costas a la parte demandada.
Para resolver el presente caso, sin embargo, es necesario aplicar el criterio objetivo referido, y en su virtud, estimamos que la realidad social y mercantil implicada en lo que podríamos llamar tráfico judicial, nos indica que el coste de un proceso es de ordinario superior a los 300,52 euros de la multa impugnada, cantidad en la que debe fijarse en beneficio de cada recurrente obtendrá con la presente sentencia. Y, en consecuencia, procede imponer las costas a la parte demandada.